A solicitud del Consejo
General de Colegios de Educadores
y Educadoras Sociales (CGCEES), me uno a la campaña de petición de una ley que
regularice la profesión aportando mi granito de arena con el siguiente post sobre dos ámbitos de intervención que tocan
directamente con la labor que intento desarrollar, cuando me dejan: juventud y participación.
No sé cómo convencer a expertos/as de la Universidad en temas de
participación (imagino que siempre actúan con la premisa de primar los
intereses de los y las participantes antes que los de su investigación) que para que un proceso participativo se
produzca, antes es necesaria una actuación educativa.
Tampoco encuentro la manera de que los interesantes estudios sobre
juventud tengan una aplicación práctica en la realidad y no se queden en
conocimiento baldío que luego no podemos aplicar en ningún ámbito por la falta
de recursos y voluntad política. Eso sí, quedan estupendos en los estantes y en
los curriculum.
Me gustaría contar con una normativa que estableciera, sobre todo
en temas relacionados con infancia, adolescencia y juventud, que para que un
aprendizaje se produzca es necesario la creación de espacios educativos
adaptados a la realidad de cada segmento de edad y que estos fueran dotados con los suficientes
recursos humanos, técnicos y económicos para que garanticen un proceso lógico
de acompañamiento, el cual ha de hacerse indefectiblemente por educadores/as sociales formados, también en las técnicas propias de la animación
sociocultural (no puedo evitarlo, me siento ASC).
Que no esté reconocido por ley que en cada centro escolar, tanto
de primaria, secundaria y estudios superiores,
exista un cupo de educadores/as sociales en función del alumnado es
sencillamente una aberración, es convertir los principales territorios que
habitan en espacios sin alma y dedicados exclusivamente al estudio y al hastío.
Así, al menos, lo sienten ellos y ellas.
Una ley para no dejarlo todo a la buena suerte, como pasa en la
educación reglada. La suerte de que te toque un maestro comprometido o una
profesora que, además de impartir su asignatura, intente crear un espacio de
comunicación abierto en donde sea posible que se expresen. Una ley que no
propicie que el sistema abandone a
buenos/as profesionales que lo intentan. Que no sea cuestión de azar que el/la profesional
de la educación social que te toque esté por ti y no sea de aquellos/as que no hay forma de que
salgan del confort de su despacho.
Una Ley que manifieste que los y las profesionales de la educación
social no están para montar actividades de entretenimiento, ni saraos al
servicio de los y las representantes políticos/as de turno, ni actividades de
paripé para hacernos unas fotos con 300 mujeres a las que hemos dado de
merendar el día 8 de marzo.
Quiero una ley que permita a educadores y educadoras sociales
poder decir NO, esa no es mi competencia porque así lo marca la norma, y
hacerlo sin miedo a represalias.
Quiero una ley que no permita la manipulación de los más jóvenes, y que educadoras y educadores sociales podamos
ejercer el derecho a la protección que merecen de gente sin escrúpulos, unas veces y sin conocimiento alguno, en otras
ocasiones.
Deseo una Ley que se cumpla y a la que los distintos Colegios
Profesionales y el propio CGCEES realicen un seguimiento estricto y denuncien
cualquier incumplimiento por parte de la administración pública que la debe
cumplir.
Que no esperemos a la aprobación
de la ley para que conozcan, tanto la
ciudadanía como los responsables políticos, cual es nuestro trabajo, muy bien explicado en
el documento del CGCEES Consideraciones y participación en la solicitud de unaLey de regularización de la profesión de Educación Social y que repito aquí:
• Mejorar las competencias y
aptitudes de los individuos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Promocionar la autonomía e independencia de las personas,
• Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la
personalidad e inadaptaciones sociales.
• Favorecer la participación de los grupos e individuos.
• Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y
asociativo.
• Favorecer el desarrollo sociocultural, socio-laboral,
institucional y comunitario.
• Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural,
lúdica.
• Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del
entorno social.
• Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y
análisis de la realidad sociopolítica.
• Propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las
personas acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos
comunitarios y transformación social.
En definitiva, una ley de regularización de la educación social
que no sólo defienda a la profesión y a sus profesionales, también a las
personas con las que trabajamos. Cuanto más defendamos la dignidad de las personas
beneficiarias, usuarias o participantes de nuestra labor, más defenderemos la
nuestra y la de la profesión.
Toda la razón
ResponderEliminarCual es el marco legal donde enfocan su profesión?
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